Los contratos públicos son acuerdos legales entre entidades gubernamentales y proveedores privados para la adquisición de bienes, servicios o obras. Estos contratos se rigen por normativas específicas y buscan garantizar transparencia, competencia y eficiencia en el uso de recursos públicos. Los procesos de contratación pública generalmente implican licitaciones abiertas, donde los proveedores compiten para ofrecer la mejor propuesta. La selección se basa en criterios objetivos, como costos, calidad y capacidad técnica. Los contratos públicos son esenciales para la ejecución de proyectos gubernamentales y juegan un papel clave en la gestión responsable de los fondos públicos. La regulación en este ámbito varía según el país, pero su objetivo común es evitar la corrupción y garantizar la equidad en la distribución de contratos.